Vaya revolución...

Antes el silencio de Chávez, se concretan los acuerdos de Manao: la entrega del Socuy a Vale do Rio Doce

A los tres meses de la marcha del 31 de marzo de 2005 a Caracas por parte de los indígenas/movimiento ecologista y medios comunitarios libres y alternativos, el Presidente Chávez ordenó guardar silencio sobre el “Informe Ejecutivo. Evaluación Ambiental. Explotación de Carbón. Estado Zulia, Mayo 2005” presentado por la comisión interinstitucional que el mismo nombró, coordinada por la Ministra del Ambiente y de los Recursos Naturales (MARN), mientras en el Zulia Carbozulia/Corpozulia y la Itabira Rio Doce Company Limited ponen fin a la Fase de Preinversión de Carbosuramérica (febrero/agosto de 2005 ), de tal manera que para el mes de enero de 2006 arrancará las Fases de Inversión y Explotación temprana con las primeras 500 mil toneladas de carbón que entre tres o cuatro años, según el presidente de Corpozulia/Carbozulia “llegar al tope de producción de 10 millones de toneladas al año, en la mina de Socuy, del municipio Mara, parroquia Monseñor Godoy”.

Asegura el General (R) Carlos Martínez Mendoza que en el Socuy la empresa brasileña explotará 220 millones de toneladas de reservas probadas, calculadas en 50 a 60 años y pagará entre 250 y 300 millones por dólares americanos por Derecho de Explotación, estima ingresos de 180 mil millones de dólares por venta de carbón en los próximos 15 años, para así elevar la producción a 24 millones de toneladas anuales (Panorama, 15/08/05). Dada el tonelaje minero de las minas Socuy y Casigua El Cubo, Carbosuramérica tendrá una vida de 99 años, lo cual puede ser objeto de previa liquidación o ampliación del convenio.

Aseguran Martínez Mendoza y los socios brasileños que para el mes de septiembre el Presidente Chávez viene a inaugurar en un sitio por precisar en el municipio Mara el Centro de Estudios y Formación Integral montado por la empresa, vinculada al entorno intimo del Presidente, Grupo Técnico de Capacitación (GTC), con el lema “Retornar el Carbón para el Desarrollo”, que en una primera etapa será exclusividad para formar a los empleados y obreros de las minas Paso Diablo y Norte, pero después incluirá a todo aquellos jóvenes de la subregión Guajira que desean formarse en la amplia gama del carbón llámese minas, puertos, astilleros, ferrocarriles, entre otras; pues Carbosuramérica se plantea también la construcción de un gran puerto (Puerto Simón Bolívar o Puerto América), conectado al segundo puente sobre el lago, al norte del Golfo de Venezuela, en la Islote de San Bernardo en la entrada al Lago de Maracaibo, que estará conectado con una línea férrea de 90 kilómetros a las minas Paso Diablo, Mina Norte, Socuy, Maché y Cachirí con una inversión conjunta que superará los 1.100 millones de dólares, y posteriormente con los puertos gabarreros a construir en el Sur del Lago y con la vía ferroviaria La Fría-Puerto La Ceiba; todos ellos diseñados principalmente para sacar el carbón extraído de la Sierra de Perijá, Táchira, Norte de Santander y la Guajira Venezolana y Colombiana, según reza en documentos del Eje de Desarrollo Occidental/Eje de Integración Andino/IIRSA.

Sobre el sueño de integración suramericana del Presidente Chávez cabalgan los intereses de los capitales transnacionales energéticos del carbón llámese los amigo de Lula/Chávez de la Compañía Vale do Rio Doce, los japoneses de la TOMEN, los australianos de la Excel, los irlandeses de Carbonífera Caño Seco, C.A., los Chilenos de Carbones del Perijá, Anglo American Coal, Washington Group Internacional, Morrinson Knudsen Corporation, Inter-American Coal/Chevron/Evan Energy, Venequip-CAT o los que representan en Peabody el ex Director de la CIA o Secretario de Energía y Defensa de USA, Dr. James R. Rusnaek o James R. Schlesinger, entre otros tantos.

Ante estos intereses con ramificaciones en la Asamblea Nacional, Ministerio de Energía y Petróleo, Corpozulia, Carbozulia, Promozulia/Fedecamaras Zulia, para nada repercute las voces de rechazo de los indígenas, ecologistas o del propio Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales. Por la integración de Suramérica, no importa que la Cuenca del Guasare sigua perdiendo más del 50% de su vegetación, que la producción de agua disminuya un 21% en épocas de sequía y aumente un 16% en período lluvioso, o el aporte de sedimentos aumente un 463% con respecto a las condiciones iniciales y un aumento de la temperatura de 1 grado a 2,5, (1978-83) o que sigua desaparecido más del 56,8% de los bosques del estado Zulia (1982-1995), o más del 39% de los bosques secos tropicales ubicados en la cuenca baja del río Socuy (1986/2001), o que si se abren desde las nuevas minas caminos pavimentados se perderá entre 0 a 25 kilómetros de bosques o entre 0 a 10 kilómetros cuando no es pavimentada, o que las aguas y los peses del Guasare y de la Laguna de Sinamaica ya están contaminados con metales pesados.

La democracia participativa, los territorios de los indígenas y la vida de los ecosistemas siguen estando jurídicamente supeditados a los intereses de los capitales energéticos y mineros de las empresas multinacionales, la revolución no llegó al subsuelo de la patria, por esta razón la Procuradora General de la República, Marisol Plaza, aclaró hasta la saciedad, cuando el Presidente entregó a los indígenas Kari’ña 127 mil hectáreas de tierras demarcadas el pasado 9 de octubre, deacuerdo a la Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat y Tierras de los Pueblos Indígenas “el Estado puede hacer uso de las riquezas minerales que se encuentran en esos predios mientras no vulnere su hábitat”, también aclara la Procuradora que si bien “la explotación de los recursos sólo es competencia del Estado” éste “está obligado a permitirles (a los indígenas) la participación en las concesiones que en tal sentido hagan” (Agencia Bolivariana de Noticias, 12/08/2005). Esta realidad etnocida en verdad está contemplada en los artículos 8, literal 5, 10 y 15 de la mencionada ley. Pero es la Ley de Minas, siguiendo los lineamientos del artículo 12 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (Los yacimientos mineros y de hidrocarburos, cualquiera que sea su naturaleza, existentes en el territorio nacional, bajo el lecho del mar territorial, en la zona económica exclusiva y en la plataforma continental, pertenecen a la República, son bienes del dominio público y, por tanto, inalienables e imprescriptibles. Las costas marinas son bienes del dominio público), en su artículo 11 el que señala los mecanismo jurídico con los que cuenta “el beneficiario de derechos mineros” para expropiar los territorios indígenas, dado que las minas están aparadas por “la legislación de expropiación por causa de utilidad pública e interés social”.

Por esta razón el presidente de Corpozulia/Carbozulia y el vicepresidente de Carbozulia, el General (R) Carlos Martínez Mendoza y Ovis Prieto, respectivamente, han afirmados que ellos no solicitaran por escrito la renuncia de las concesiones carboníferas en Perijá ante el Ministerio de Energía y Petróleo, ya que se Chávez les entregarán a los indígenas Barí, Yukpa y Wayúu las tierras autodemarcadas, pero la explotación va, pues las concesiones mineras siguen en mano de Corpozulia, Minera MAICCA, C.A., Carbones del Perijá, C.A., CARBOCA y CONSULMINCA.

Todo fue un engaño. Hoy en día representantes parlamentarios militares e indígenas han acordado sumarse al pensamiento neoliberal de abrir todas las puertas jurídicas necesarias para que las comunidades indígenas de una u otra manera se comprometan también con el Gobierno nacional en un proyecto de vida único sustentado en los intereses de las transnacionales. De allí los artículos 47 del Proyecto de la Ley Orgánica de Fronteras y del artículos 42 del Proyecto de Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, o los artículos que eliminan el deber por parte del Estado venezolano de brindarle protección como ABRAE al “hábitat de los pueblos indígenas” contenido en el artículo 327 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a saber, el proyecto de Ley Orgánica de Ordenación Territorial y Urbanística y los artículos 53 y 56 de la Ley Orgánica de Fronteras.

Con demarcación o sin demarcación de las “tierras” o “hábitats indígenas” por parte del Estado venezolano a los pueblos originarios no les quedan otros caminos que no sea la resistencia cultural y la movilización permanente por la defensa de sus territorios, la autonomía y su dignidad.

Sociedad Homo et Natura, ANPA/ANMCLA y Proyecto Nuestra América.